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martes, 7 de septiembre de 2010

La inagotable transa educativa

México, D.F.- 6 de Septiembre 2010 El Universal).- Uno de cada cien planteles de primaria y secundaria en México está bajo sospecha de haber permitido que los alumnos copiaran durante la prueba ENLACE. El examen mide año con año el progreso académico de los estudiantes y, por tanto, el desempeño de los maestros, lo cual se refleja a su vez en “estímulos” económicos para los profesores.

Este año, 900 millones de pesos fueron asignados para 270 mil maestros como premio a la mejora en las evaluaciones de sus alumnos. Esa combinación ha propiciado que algunos profesores permitan a sus alumnos copiar con el fin de obtener buenos resultados. El 2010 no es el primer año en que esto sucede. Es posible hacerlo, y además no padecer consecuencias, porque la Secretaría de Educación Pública no ha podido quitar al poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) la prerrogativa de autorregularse, autoevaluarse y autofinanciarse.

Gracias a ese poder las arcas públicas siguen pagando salario para más de un millón de plazas que ni siquiera están censadas. Es decir, no sabemos si el número de maestros coincide con el número de plazas.

Desde luego, es inviable una solución que se vaya al extremo contrario, es decir, una autoridad educativa que ponga y quite profesores de forma unilateral. La solución es por tanto crear una instancia autónoma, técnica, que realice esa función al margen de los intereses de gobierno y sindicato. Para eso fue creado el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), un organismo nacido el sexenio pasado ex profeso para diagnosticar de manera objetiva los problemas de la educación en México.

El INEE, pese a no ser formalmente autónomo, ya ha demostrado su independencia y seriedad al criticar con datos duros tanto las ineficaces políticas educativas de los gobiernos como las rapacidades del sindicato. Si ya se cuenta con una institución de este calibre, legisladores y gobierno federal tendrían que dotarle de la autonomía y las facultades necesarias para definir mecanismos de ingreso y ascenso de los profesores. De otra manera el dinero público seguirá perdiéndose en triquiñuelas.

Varias acciones emprendidas a raíz de la “alianza” educativa entre el sindicato y el gobierno federal, como la carrera magisterial o la participación de los padres en la vida de las aulas, son loables. Sin embargo, si al final el sindicato magisterial tiene poder de veto sobre todo, el país nunca pasará de las buenas intenciones y los pactos vacíos.

Urge imparcialidad y objetividad para que cada peso invertido en la educación sirva de verdad.

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